La apuesta definitiva de la Generalitat Valenciana por el modelo de Unidad Adscrita a la Policía Nacional consolida a esta fórmula de policía autonómica como la más demandada de España. Ya son tres comunidades las que la emplean y Aragón trabaja en su implantación. Son modelos con competencias y plantillas reducidas, muy alejados de los dos grandes cuerpos autónomos del país, los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, que tienen prácticamente todas las atribuciones de seguridad.
En el mapa autonómico español, la fórmula de Unidad Adscrita no es exclusiva. La han asumido ya la Comunitat Valenciana, Galicia y Andalucía y está en vías de implantación en Aragón. Se trata de unidades formadas con profesionales de la Policía Nacional, generalmente experimentados, que siguen perteneciendo a ese cuerpo, pero que operativamente dependen de la comunidad autónoma. Sus funciones, además, se ciñen a las competencias propias de las autonomías, como el medio ambiente, la custodia de edificios y personalidades, los espectáculos o la custodia de menores. En ningún caso realizan trabajos propios de las policías estatales ni intervienen en seguridad ciudadana.
Pese a tratarse de modelos en los tres casos creados en los primeros años noventa, en este tiempo apenas han evolucionado funcionalmente ni en plantillas. La más dotada es la unidad de Andalucía, que maneja entre los 500 y los 550 agentes. La Comunidad gallega tiene alrededor de 400 y la de la Comunitat Valenciana, que en la anterior legislatura llegó a bajar a los 230 efectivos, tienen en la actualidad 380.
Estas unidades adscritas están, por tanto, muy lejos de ser verdaderas policías autonómicas como las implantadas en Cataluña y el País Vasco.
Ambos cuerpos, creados en los primero años ochenta en paralelo a la implantación del sistema autonómico, tienen asumidas prácticamente todas las competencias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Los Mossos d'Esquadra, con alrededor de 12.000 agentes desplegados en toda Cataluña, únicamente carecen de atribuciones en control de armas, documentación y puertos y aeropuertos. Recientemente asumieron el tráfico, sustituyendo a la Agrupación de la Guardia Civil, y disponen de sus propios equipos de lucha antiterrorista, una materia sensible en la que, según fuentes conocedoras de la materia, hay una plena coordinación con las fuerzas estatales, particularmente desde que se unificó hace ahora un año el mando único de la Policía Nacional y la Benemérita.
La Ertzaintza, por su parte, la componen unos 8.000 agentes en todo el País Vasco y tienen las mismas competencias que los Mossos, aunque con alguna atribución menos, como por ejemplo la vigilancia de los centros penitenciarios.
Una mención aparte merece la Policía Foral de Navarra, que puede considerarse una policía autonómica propiamente dicha, pues desde su creación en 1928 siempre ha tenido esa consideración, pero que no se ha desarrollado al nivel de las anteriores. Como las unidades adscritas, en la actualidad se encarga de protección de personajes y edificios, juegos y espectáculos, medio ambiente etc., con el añadido del Tráfico, que fue el motivo inicial de su creación. Y en consonancia con estas competencias están sus plantillas, que a día de hoy no pasan de 400 efectivos, eso sí, plenamente dependientes de la comunidad autónoma.
Estos tres cuerpos autonómicos cuentan con un elemento claramente diferenciador y es que las tres disponen de su propia academia de formación -con sus peculiaridades en cuanto al territorio, el idioma y la cultura- y hacen las convocatorias de personal en función de las necesidades que marca la administración autonómica.
En este mapa policial hay un último híbrido ideado recientemente por Esperanza Aguirre. Se trata de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad Autónoma de Madrid (Bescam), creadas en 2004 dentro de las policías locales pero con vocación de completarse con policías nacionales y guardias civiles.
La previsión es alcanzar a finales de este año los 5.500 agentes, 2.500 policías locales y 3.000 guardias y policías nacionales, todos ellos pagados por la comunidad autónoma y dedicados exclusivamente a labores de seguridad ciudadana. Para su implantación es fundamental llegar a acuerdos con los municipios, algunos de los cuales han expresado sus discrepancias.